Engaños y Tramitaciones: La Consolidación del Desalojo

La familia Gaez Hinostroza recurrió a la ayuda legal a través de abogados, se recuerda en particular a Jaime Millán de Puerto Montt quien les reafirmó la tesis de que no había motivo legal por el que tuvieran que abandonar sus tierras. Previo a la entrega de una importante suma de dinero se comprometió a realizar los escritos necesarios para detener la demanda de desalojo y la presencia de carabineros. Se realizaron un sinnúmero de escritos y pagos de honorarios y la situación no fue revocada.

Nos cuenta Bárbara, “yo le pagué, pasarían unos 15 días, 1 mes a lo mucho y vuelta los carabineros con la orden de desalojo, me volví a ir donde él, incluso él fue al campo, al campo fue a ver y también con el mismo engaño, total que cualquier cantidad de escritos y nunca tuvo solución eso. Por eso digo yo, no sé a qué se debía eso, tanto abuso, eso lo encuentro un abuso aminorante, yo que poco sé leer pero yo encuentro que era un abuso, una burla y así fuimos quedando a manos cruzadas, por eso digo yo: eso fue una burla grande dentro de la misma autoridad, dentro de la misma justicia”.

La temporal división y desconfianza, producida principalmente entre las hermanas, fue la causa de que estas últimas se apoyaran en la ayuda ofrecida por una persona de la localidad de Casma, quien ofreció y aseguró diligenciar para evitar el desalojo, y a la cual, en confianza plena, le fue entregada toda documentación y poderes existentes. Los testimonios dan cuenta de que esta persona sería la que finalmente negoció los terrenos en su propio beneficio con el nuevo propietario, omitiendo los intereses y deseos de la comunidad.

“Mis hermanas, cuenta Bárbara, se buscaron a otra persona que ellas querían andar, pero nunca anduvieron, nunca fueron a una oficina, sino que la persona que llegó a ofrecer su ayuda fue Mirtha González de Casma, quien les llegó a ofrecer que ella lo iba a sacar en limpio y le iba a dar la asesoría de que no íbamos a ser desalojados de allá y éstas se dieron a ella, así que ella hacía los trámites y ellas nunca salían a otra parte. Ella les decía pásenme todos los documentos que tengan y ellas entregaron todo eso y ella hacía, al último fue ella la que salió negociando con García y nosotros tuvimos que salir, así que eso fue lo malo que hubo: división, y esa mujer, hizo lo que ella quiso...”

La Confederación de Campesinos Indígenas “El Surco”, dirigentes sociales de Frutillar y Pantanosa, se reunieron con la comunidad e intercedieron con las autoridades locales de la época, para solicitar nuevas tierras para las familias afectadas.

“Después del desalojo, recuerda Bárbara, no recibimos mucha ayuda de la gente, teníamos muchos buenos vecinos allá, pero en ese tiempo toda la gente quedaba cobarde, porque cuando pasó eso al que pillaban en la casa lo llevaban los carabineros, así que así que aunque hubieran sido hombres o mujeres tenían temor de llegar, no era porque nosotros vivíamos mal con alguien, sino que era por eso, y el único que nos ayudó, yo lo tengo y les digo a mis hijos como una historia cuando en veces conversamos, fue Don Alberto Ruiz, la señora Clénida Nié, Maribel y Violeta...ellos me ayudaban mucho porque yo soy nacida y criada en el campo, un campo trasmano, yo en qué oficina, si no hubiera tenido la ayuda de ellos ¿a dónde iba a ir yo?, me indicaban, poco sé leer, me indicaban, era joven y con el pensar me quedaba totalmente recaída y ellos me ayudaban, me andaban acompañando y eso yo lo noto una ayuda muy especial cuando uno necesita y a esa gente yo le agradezco hasta que Dios me lleve”.

Para evitar el desalojo de las tierras, Bárbara Gaez recurrió finalmente a la Intendencia, se entrevistó y presentó su problema al Intendente de la época (Rabindranath Quinteros Lara), quien tras analizar la situación y con una muy buena atención le dio tranquilidad y seguridad de que el desalojo no tendría efecto. Dejaron concertada una nueva entrevista para el mes siguiente. Llegada la fecha, Bárbara nuevamente acudió con la autoridad regional, quien en la oportunidad presentó una clara negativa de atenderles y les hizo llegar un mensaje categórico de que ya no tendrían derechos.